El debate sobre la diversidad cultural
tiene diferentes abordajes alrededor del mundo, dependiendo de cómo se
entiendan los términos de cultura, diversidad, identidad, política, etc., y las
relaciones que se creen en la práctica entre ellos.
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura), como organismo adherente a la ONU, presenta unas políticas respecto a
los derechos humanos y la diversidad cultural en su declaración universal, que
pretenden dar una dirección a los países pertenecientes sobre la protección de
la diversidad cultural a nivel nacional e internacional.
Para la
UNESCO, la cultura es definida como “el
conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca,
además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir
juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”, que coincide básicamente con la acepción de
cultura a nivel general.
Del mismo modo,
concibe la diversidad cultural como un patrimonio de la humanidad que debe ser
salvaguardado, pues representa el diálogo e intercambio entre culturas; y
caracteriza el pluralismo cultural como la expresión política de la diversidad
cultural, esto es, el reconocimiento de la existencia de este fenómeno y la
implementación de políticas públicas que propendan por el respeto de la
identidad colectiva de las minorías.
Aunque a simple
vista los planteamientos de la UNESCO respecto a la diversidad cultural parecen
ejemplares y necesarios, me parece importante problematizar algunas de sus
propuestas a nivel conceptual.
Al ser una
fracción de la ONU, la UNESCO representa unas políticas y discurso específico,
que responde muchas veces a una agenda política y económica definida por los
países más poderosos del mundo. Esto se evidencia en el discurso sobre el
“desarrollo” o estado que deben alcanzar los países tercermundistas para
igualar a los que no lo son, y que niega no solo el proceso histórico,
cultural, social y económico de cada país, sino que también su responsabilidad
sobre las situaciones de pobreza que sufren dichos países.
Este término de
desarrollo se refiere a grandes rasgos a la consolidación de una economía e
industria competitiva con el mercado mundial y la inversión en investigación tecnológica,
que permita superar en lo posible las desigualdades sociales. Sin embargo, esto
no contempla un desarrollo integral, referido a un cambio efectivo en la
estructura económica y social que lleve a la eliminación de la brecha entre clases,
y que propenda por la construcción de una sociedad verdaderamente democrática,
con justicia social y en paz estructural.
De allí se
desprenden otros conceptos como la economía fundada en el saber, es decir, en
el desarrollo de la investigación tecnológica, sin que esto implique que esta
investigación contribuye al fortalecimiento de la situación económica, social,
política o cultural del país, ni que garantice el acceso de la población a
dicha tecnología. Del mismo modo, la UNESCO considera fundamental garantizar el
derecho y el acceso de todas las personas a las herramientas artísticas,
científicas y tecnológicas, y lograr un nivel de alfabetización digital
razonable, aún cuando hay territorios nacionales en los que ni siquiera hace
presencia un Estado o hay agua potable, o servicios básicos.
La UNESCO
recomienda también proteger el patrimonio lingüístico por medio de los sistemas
educativos. El Estado colombiano, a pesar de la gran variedad y riqueza
cultural y lingüística presente en las diferentes etnias indígenas que ocupan
el territorio, no promueve políticas que protejan en la práctica ni la lengua,
ni otros derechos de los pueblos minoritarios.
La ONU puede tener
en la teoría objetivos loables para la protección de los derechos humanos y la
seguridad internacional, pero considero que tiene dos problemas fundamentales
que no permiten que se lleven a cabo sus objetivos efectivamente: primero, su carácter
de organismo global que sin embargo no cuenta con la totalidad de los países del
mundo como adherentes, lo que ocasiona una ambivalencia en las políticas y una
práctica poco efectiva y segundo, su discurso
reformista que no propende por cambios estructurales del sistema que lleven a
una justicia, libertad y paz sentada en la igualdad social.
Bibliografía
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